El panorama normativo de los cultivos transgénicos varía significativamente en América Latina, creando un mosaico de políticas que complican el comercio transfronterizo y la innovación.
Países como Argentina, Brasil y Chile han desarrollado marcos normativos que acogen los cultivos transgénicos y las técnicas de edición genética, lo que les permite cosechar los beneficios de los avances biotecnológicos. Sus sistemas establecidos promueven la investigación, la innovación y la comercialización, convirtiendo a estos países en líderes de la región. Sin embargo, otros países latinoamericanos no han adoptado posturas tan progresistas, lo que impide la innovación tecnológica y reduce la eficiencia agrícola. He aquí la situación actual en los países clave:
- Argentina y Brasil: Ambos países se encuentran entre los principales productores mundiales de cultivos transgénicos, con marcos normativos bien establecidos que permiten la liberación comercial de cultivos modificados. Estas naciones lideran la región de América Latina en la adopción y exportación de tecnologías avanzadas de semillas.
- Argentina es uno de los principales productores de cultivos transgénicos, con aproximadamente 24,5 millones de hectáreas plantadas con variedades biotecnológicas. A la fecha, en Argentina se han aprobado 78 eventos de cultivos biotecnológicos, incluyendo varias modificaciones en soja, maíz y algodón.
- Brasil es el segundo mayor productor mundial de cultivos biotecnológicos, con 68 millones de hectáreas plantadas con rasgos transgénicos en la temporada 2022-2023. Las tasas de adopción de soja y algodón alcanzan el 99%, y las de maíz, el 95%. Desde la adopción de las semillas biotecnológicas, su uso ha contribuido en gran medida al aumento del rendimiento en Brasil.
- Chile: Chile ha establecido normativas tanto para la edición de genes como para los cultivos transgénicos dentro de un marco que fomenta la investigación y el desarrollo. Este enfoque progresista posiciona a Chile como líder en innovación agrícola junto a Argentina y Brasil.
- Colombia: ha implementado regulaciones sobre OGM, alcanzando un hito en el 2023 con 154.677 hectáreas de cultivos transgénicos, incluyendo maíz, algodón y soja. En 2023, el maíz transgénico lideraba con 142.711 hectáreas, representando el 36% de la superficie total de maíz y contribuyendo con más del 50% de la producción nacional. El algodón transgénico cubría 7.409 hectáreas, mientras que la soja transgénica, aprobada en 2010 pero comercializada por primera vez en 2023, alcanzaba las 4.557 hectáreas.
- Uruguay ha adoptado una postura muy favorable a los cultivos transgénicos, aprobando normativas que permiten la investigación y el cultivo de transgénicos, posicionándose como un actor regional en biotecnología agrícola. El país es uno de los principales productores de soja y maíz transgénicos, con más de 2,5 millones de hectáreas dedicadas a estos cultivos.
- Ecuador mantiene la prohibición de los cultivos transgénicos desde 2008, como establece su Constitución. A pesar de las discusiones y debates a lo largo de los años, esta prohibición sigue vigente, y en el país no se producen legalmente cultivos MG, salvo semillas transgénicas sólo con fines de investigación.
- Honduras ha sido pionera en la adopción de cultivos transgénicos en América Central, convirtiéndose en el primer país de la región en aprobar el maíz transgénico tolerante a herbicidas en 2002. Ese año Honduras aprobó siete variedades de maíz transgénico y permitía el cultivo de arroz transgénico.
- Guatemala mantiene un enfoque cauteloso, permitiendo ensayos de campo pero prohibiendo la producción comercial de cultivos transgénicos. Su Decreto Presidencial de 2014 ha desincentivado el uso de la biotecnología en la agricultura y la producción de alimentos.
- México ha adoptado un enfoque restrictivo con respecto a los cultivos transgénicos, centrándose en la protección de la biodiversidad y la salud pública.
- Venezuela y Perú también han impuesto prohibiciones estrictas a los cultivos transgénicos. Estas políticas plantean retos a la seguridad alimentaria debido a su dependencia de las importaciones de transgénicos. En Perú, estas limitaciones han afectado profundamente al sector agrícola, sobre todo en cultivos como el algodón Pima. Se calcula que los agricultores peruanos han perdido 2.500 millones de dólares en la última década debido a las leyes restrictivas que les impiden competir con los países vecinos.
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